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Artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.786 LEC – Artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley
aplicable a la sucesión del causante ; pero si el testador hubiere establecido reglas distintas
para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se atendrá a lo que resulte de
ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. Procurará, en
todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva división de las fincas.
2. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de dos meses
desde que fueron iniciadas, y se contendrán en un escrito firmado por el contador, en el que
se expresará:
1.º La relación de los bienes que formen el caudal partible.
2.º El avalúo de los comprendidos en esa relación.
3.º La liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.

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Artículo 788 Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero
Artículo 789 Terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos

Artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.787 LEC – Artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes de las
operaciones divisorias, emplazándolas por diez días para que formulen oposición. Durante
este plazo, podrán las partes examinar en la Oficina judicial los autos y las operaciones
divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten.
La oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones
divisorias a que se refiere y las razones en que se funda.»
2. Pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan
manifestado su conformidad, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto
aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
3. Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado la oposición a las operaciones
divisorias, el Letrado de la Administración de Justicia convocará al contador y a las partes a
una comparecencia ante el Tribunal, que se celebrará dentro de los diez días siguientes.
4. Si en la comparecencia se alcanzara la conformidad de todos los interesados respecto
a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en las operaciones
divisorias las reformas convenidas, que serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 2 de este artículo.
5. Si no hubiere conformidad, el tribunal oirá a las partes y admitirá las pruebas que
propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del
procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.
La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo
siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los
derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que
corresponda.
6. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta ley, se hubieran
suspendido las actuaciones por estar pendiente causa penal en que se investigue un delito
de cohecho cometido en el avalúo de los bienes de la herencia, la suspensión se alzará por
el Letrado de la Administración de Justicia, sin esperar a que la causa finalice por resolución
firme, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presentaren otro
hecho de común acuerdo, en cuyo caso se dictará sentencia con arreglo a lo que resulte de
éste.

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Artículo 786 Práctica de las operaciones divisorias

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Artículo 789 Terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos

Artículo 790 Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto

Artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.777 LEC – Artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos
cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento
establecido en el presente artículo.
2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la
certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento
de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo
establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o
cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el
procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado
mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges
quieran valerse para acreditarlo.
3. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Letrado de la Administración de
Justicia citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por
separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Letrado
de la Administración de Justicia acordará de inmediato el archivo de las actuaciones,
quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio
conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra esta resolución del Letrado de la
Administración de Justicia podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal.
4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera
insuficiente, el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia que fuere competente
concederá a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo
se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el
tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada
caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de
convenio regulador.
5. Si hubiera hijos menores o hijos mayores con discapacidad y medidas de apoyo
atribuidas a sus progenitores, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los
términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se estime necesario de
oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio hijo.
Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si
este no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.
6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario,
inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia
concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el
convenio regulador.
7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte
el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para
proponer nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados
por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el
tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.
8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna
medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser
recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no
suspenderá la eficacia de estas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la
separación o al divorcio.
La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio solo
podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o en aras de la salvaguarda de la
voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo
atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal.
9. La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en
los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el
mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el
consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se
estará a lo dispuesto en el artículo 775.
10. Si la competencia fuera del letrado de la Administración de Justicia por no existir
hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores ni menores no
emancipados, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el letrado de
la Administración de Justicia, este dictará decreto pronunciándose sobre el convenio
regulador.
El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la separación o
divorcio de los cónyuges.
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser dañoso
o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores
emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento.
En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la
propuesta de convenio regulador.
El decreto no será recurrible.

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Artículo 778 bis Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos
Artículo 778 ter Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores

Artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.778 LEC – Artículo 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los
tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias
sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de
medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio
Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden
civil de la resolución o decisión eclesiástica.
2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas,
se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica
conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770.

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Artículo 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.778 bis LEC – Artículo 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta a los que se
refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo
acompañar a la solicitud la valoración psicosocial que lo justifique.
2. Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los
Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.
3. La autorización judicial será obligatoria y deberá ser previa a dicho ingreso, salvo que
razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, la
Entidad Pública o el Ministerio Fiscal deberán comunicarlo al Juzgado competente, dentro de
las veinticuatro horas siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificación de
dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que
llegue el ingreso a conocimiento del Juzgado, dejándose de inmediato sin efecto el ingreso
en caso de que no sea autorizado.
En los supuestos previstos en este apartado, la competencia para la ratificación de la
medida y para continuar conociendo del procedimiento será del Juzgado de Primera
Instancia del lugar en que radique el centro del ingreso.
4. El Juzgado, para conceder la autorización o ratificar el ingreso ya efectuado, deberá
examinar y oír al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles
y en términos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias, a la
Entidad Pública, a los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela, y a
cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada, y se emitirá
informe por el Ministerio Fiscal. El Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo
por él designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere
relevante para el caso o le sea instada. La autorización o ratificación del ingreso únicamente
procederá cuando no resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en unas
condiciones menos restrictivas.
5. Frente a la resolución que el Juzgado adopte en relación con la autorización o
ratificación del ingreso podrá interponerse recurso de apelación por el menor afectado, la
Entidad Pública, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo
legitimación para oponerse a las resoluciones en materia de protección de menores. El
recurso de apelación no tendrá efecto suspensivo.
6. En la misma resolución en que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la
Entidad Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al
Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida,
sin perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida
la naturaleza de la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior.
Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad Pública y del Director del
centro, el Juzgado, previa la práctica de las actuaciones que estime imprescindibles, y oído
el menor y el Ministerio Fiscal, acordará lo procedente sobre la continuación o no del
ingreso.
El control periódico de los ingresos corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del
lugar donde radique el centro. En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de
protección específico de menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva
autorización judicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia
del lugar en que radique el nuevo centro. La decisión de traslado será notificada a las
personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el
órgano que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar informe del centro y
previa audiencia de las personas interesadas, del menor y del Ministerio Fiscal.
7. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario
para atender a sus necesidades específicas.
El cese será acordado por el órgano judicial competente, de oficio o a propuesta de la
Entidad Pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe
psicológico, social y educativo.
8. El menor será informado de las resoluciones que se adopten.

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Artículo 778 ter Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores

Artículo 778 quáter Ámbito de aplicación. Normas generales

Artículo 778 ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.778 ter LEC – Artículo 778 ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. La Entidad Pública deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia con competencia
en el lugar donde radique su domicilio, autorización para la entrada en domicilios y restantes
edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, cuando
ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la
protección de un menor. Cuando se trate de la ejecución de un acto confirmado por una
resolución judicial, la solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado.
2. La solicitud se iniciará por escrito en el que se harán constar, al menos, los siguientes
extremos:
a) La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud.
b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titular u
ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento.
c) La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resultado o
con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará constar
dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea necesaria la
aportación de la referida justificación.
d) La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la Entidad
Pública.
3. Presentada por la Entidad Pública la solicitud, el Letrado de la Administración de
Justicia, en el mismo día, dará traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio
para que en el plazo de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga
exclusivamente sobre la procedencia de conceder la autorización.
No obstante, cuando la Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y
acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora
en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad
del menor, o bien porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales,
el Juez podrá acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el
plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud, previo informe del
Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por separado sobre la concurrencia de los
requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al interesado.
4. Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin
hacerlo, el Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 horas
siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los extremos
mencionados en el apartado 3 de este artículo, la competencia de la Entidad Pública para
dictar el acto que se pretende ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la
entrada solicitada para alcanzar el fin perseguido con la medida de protección.
5. En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y
temporales para la realización de la misma, que serán los estrictamente necesarios para la
ejecución de la medida de protección.
6. El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad
Pública solicitante para que proceda a realizarla. El auto será notificado sin dilación a las
partes que hubieran intervenido en el procedimiento y, de no haber intervenido o de no ser
posible la notificación antes de la realización de la diligencia de entrada, el Letrado de la
Administración de Justicia procederá a su notificación al practicar la diligencia.
7. Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera
dictado sin previa audiencia del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto
suspensivo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los tres días siguientes, contados
desde la notificación del auto, al que se dará una tramitación preferente.
Aun denegada la solicitud, la Entidad Pública podrá reproducir la misma si cambiaran las
circunstancias existentes en el momento de la petición.
8. La entrada en el domicilio será practicada por el Letrado de la Administración de
Justicia dentro de los límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera
preciso, y siendo acompañado de la Entidad Pública solicitante. Finalizada la diligencia, se
decretará el archivo del procedimiento.

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Artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.766 LEC – Artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

En los procesos a que se refiere este capítulo serán parte demandada, si no hubieran
interpuesto ellos la demanda, las personas a las que en ésta se atribuya la condición de
progenitores y de hijo, cuando se pida la determinación de la filiación y quienes aparezcan
como progenitores y como hijo en virtud de la filiación legalmente determinada, cuando se
impugne ésta. Si cualquiera de ellos hubiere fallecido, serán parte demandada sus
herederos.

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Artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.767 LEC – Artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la
filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde.
2. En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la
maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas.
3. Aunque no haya prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del
reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre
en la época de la concepción, o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo
análogo.
4. La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad
permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la
paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios.

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Artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.768 LEC – Artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. Mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el tribunal adoptará
las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad
del que aparece como progenitor.
2. Reclamada judicialmente la filiación, el tribunal podrá acordar alimentos provisionales
a cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el
apartado anterior.
3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán
previa audiencia de las personas que pudieran resultar afectadas. Para ello será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de esta Ley.
No obstante, cuando concurran razones de urgencia, se podrán acordar las medidas sin
más trámites, y el Letrado de la Administración de Justicia mandará citar a los interesados a
una comparecencia, que se celebrará dentro de los diez días siguientes y en la que, tras oír
las alegaciones de los comparecientes sobre la procedencia de las medidas adoptadas,
resolverá el Tribunal lo que proceda por medio de auto.
Para la adopción de las medidas cautelares en estos procesos, podrá no exigirse
caución a quien las solicite.

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Artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art.769 LEC – Artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española

1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para
conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia
del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos
judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del
matrimonio o el de residencia del demandado.
Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en
que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco
pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del
actor.
2. En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el
artículo 777, será competente el Juzgado del último domicilio común o el del domicilio de
cualquiera de los solicitantes.
3. En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos
menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio
común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos partidos
judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del
demandado o el de la residencia del menor.
4. El tribunal examinará de oficio su competencia.
Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.

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