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Serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o
títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se
encuentren.
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Los derechos de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, serán ejercitados por aquel
de los cónyuges a cuyo nombre aparezcan constituidos.
Cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes
por vía de acción o de excepción.
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Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios,
bastará el consentimiento de uno sólo de los cónyuges.
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La administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se
transferirá por ministerio de la ley al cónyuge nombrado curador de su consorte con
discapacidad, cuando le hayan sido atribuidas facultades de representación plena.
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Los Tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el
otro se encontrare en imposibilidad de prestar consentimiento o hubiere abandonado la
familia o existiere separación de hecho.
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El cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto en los dos
artículos anteriores tendrá para ello plenas facultades, salvo que el Juez, cuando lo
considere de interés para la familia, establezca cautelas o limitaciones.
En todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos
mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción
preferente, necesitará autorización judicial.
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Cuando conforme a este Código los bienes sean privativos o gananciales, con
independencia de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de
reembolsarse el valor satisfecho a costa, respectivamente, del caudal común o del propio,
mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación.
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Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se realicen en los
bienes gananciales y en los privativos tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que
afecten, sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho.
No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida a la inversión de
fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora
del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de
la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado.
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Las mismas reglas del artículo anterior se aplicarán a los incrementos patrimoniales
incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro género de empresa.
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Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe
que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.
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